Introducción al informe de la ONU sobre Colombia 2022

¿Sabías que las Naciones Unidas vigilan constantemente la situación de derechos humanos en nuestro país? Este informe analiza todo lo que pasó durante el 2022, un año súper importante porque cambió el gobierno.

El documento se enfoca en tres temas clave que afectan tu día a día: la violencia territorial (esa que hace que muchas zonas del país sean peligrosas), cómo va la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC, y qué tan libre puede ser la gente para participar en organizaciones sociales.

También analiza la nueva política de "paz total" del presidente Gustavo Petro y cómo el país está tratando de cambiar hacia un modelo de seguridad humana. Esto significa que en lugar de solo pensar en soldados y policías, se busca proteger realmente a las personas.

Dato clave: Este informe se presentó en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde 47 países evalúan la situación de Colombia y hacen recomendaciones.

Elecciones históricas y cambio de gobierno

El 2022 fue un año electoral súper importante para Colombia. En marzo hubo elecciones legislativas donde por primera vez se eligieron las 16 circunscripciones transitorias especiales de paz. Estas son como "cupos especiales" en el Congreso para representar a las zonas más afectadas por el conflicto.

Aunque se postularon 403 personas, muchas enfrentaron problemas graves: grupos armados les impedían hacer campaña, recibían amenazas directas o las estigmatizaban. Al final solo 3 de las 16 personas electas fueron mujeres, y surgieron dudas sobre si realmente representaban a las víctimas.

Las elecciones presidenciales fueron más tranquilas, con pocos hechos violentos. El 19 de junio, Gustavo Petro ganó en segunda vuelta y tomó posesión el 7 de agosto junto a Francia Márquez, la primera mujer afrodescendiente en ser vicepresidenta.

Dato importante: El nuevo gobierno priorizó desde sus primeros 100 días la política de "paz total" y creó un plan de emergencia para proteger a líderes sociales y defensores de derechos humanos.

La nueva política de "paz total"

¿Te imaginas un país donde no haya violencia en ningún territorio? Esa es la meta de la política de "paz total" del gobierno Petro. En julio, la ONU identificó 156 municipios donde la violencia de grupos armados afecta gravemente los derechos humanos.

Estos grupos mantienen control sobre poblaciones enteras usando coerción, intimidación y amenazas. No solo matan y desaparecen personas, sino que también extorsionan, controlan hacia dónde puede moverse la gente y qué pueden hacer para ganarse la vida.

Lo más grave es que en muchos lugares estos grupos actúan como si fueran el Estado: toman decisiones sobre temas familiares, "imparten justicia" y regulan la vida comunitaria. Esto afecta especialmente a comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas, mujeres y personas LGBTIQ+.

La respuesta del gobierno incluye tres elementos: fortalecer la implementación del Acuerdo de Paz, abrir diálogos con todos los grupos armados y desarrollar un enfoque de seguridad humana. En noviembre reanudaron los diálogos con el ELN y el 31 de diciembre anunciaron un cese al fuego bilateral con cinco grupos armados.

Ley clave: La Ley 2272 de 2022 convierte la "paz total" en política de Estado y garantiza la participación de mujeres y sociedad civil en los procesos de paz.

Implementación del Acuerdo de Paz: Reforma rural

¿Sabes por qué es tan importante la reforma rural en Colombia? Porque la falta de oportunidades en el campo es una de las causas principales del conflicto. El nuevo gobierno anunció un cambio radical en la política de drogas, pasando de un enfoque punitivo (castigar) a uno más social y de salud pública.

El Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos avanzó un 75% en erradicación voluntaria, pero tiene problemas serios. La Procuraduría reporta que el 21% más familias fueron retiradas del programa por incumplir obligaciones, y la Contraloría encontró mal manejo de recursos.

En el tema de acceso a la tierra, las cifras son desalentadoras: por cada cinco mujeres campesinas que reciben tierras, hay ocho hombres beneficiarios. De los baldíos entregados entre 2016-2018, solo el 38% fue para mujeres.

El gobierno firmó acuerdos para comprar tierras y alimentar el Fondo Nacional de Tierras. También está en el Congreso una propuesta súper importante: crear una jurisdicción especial agraria para resolver conflictos por la tierra y reconocer al campesinado como sujeto de derechos.

Avance positivo: Colombia adhirió a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos, reconociendo oficialmente sus derechos.

Justicia transicional: La búsqueda de la verdad

¿Te has preguntado cómo se puede sanar un país después de décadas de conflicto? La Comisión de la Verdad entregó en junio su Informe Final basado en testimonios de más de 30,000 víctimas y 500 encuentros de diálogo con la sociedad colombiana.

Este informe es como un espejo gigante que muestra la historia del conflicto armado. Su objetivo es que todos conozcamos qué pasó para que nunca se repita. También es una herramienta clave para implementar integralmente el Acuerdo de Paz y combatir la impunidad.

La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas sigue trabajando para encontrar a quienes fueron víctimas de desaparición forzada. Han abordado 34,238 expedientes de cuerpos no identificados, pero su trabajo se ve limitado por la violencia en departamentos como Arauca, Chocó y Norte de Santander.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha logrado avances importantes con audiencias de reconocimiento de responsabilidad en casos de secuestros y ejecuciones extrajudiciales. Las primeras tres resoluciones de conclusiones demuestran que sí se puede superar la impunidad, aunque es fundamental garantizar la participación de las víctimas.

Dato esperanzador: Colombia aceptó la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir comunicaciones individuales, fortaleciendo la búsqueda y erradicación de este crimen.

Restitución de tierras y reparación a víctimas

¿Sabías que entre 1995 y 2004 fueron despojadas más de 8 millones de hectáreas en Colombia? Eso es como si hubiéramos perdido un territorio del tamaño de Panamá. Después de diez años de la Ley de Víctimas, se han restituido más de 568,000 hectáreas, pero aún falta mucho camino.

Se han dictado 7,791 sentencias de restitución que han beneficiado a 85,588 personas. Hay 57 despachos judiciales trabajando en 19,272 demandas, pero el reto más grande está en la restitución de territorios étnicos. Se presentaron 822 solicitudes de pueblos indígenas y afrodescendientes, pero solo se han procesado administrativamente 235 demandas.

Un tema preocupante es que sectores sociales pidieron revisar más de 57,000 casos rechazados para restitución de tierras. Estos casos ni siquiera están en el registro oficial, lo que significa que miles de víctimas quedaron por fuera del proceso.

El gobierno eliminó en noviembre el Equipo de Asuntos Ambientales, Minero-energéticos y de Infraestructura de la Unidad de Restitución, una decisión que genera interrogantes sobre el futuro de estos procesos.

Desafío pendiente: Solo 24 casos de territorios étnicos han llegado a sentencia de los 822 presentados, mostrando la lentitud del proceso para estas comunidades.

Derechos de los pueblos étnicos

Los pueblos indígenas y afrodescendientes siguen siendo los más afectados por el incumplimiento del Acuerdo de Paz. Según el Instituto Kroc, a septiembre de 2022 solo se había implementado completamente el 13% de las 80 disposiciones del capítulo étnico del Acuerdo.

La situación es crítica en departamentos como Arauca, Cauca, Chocó, Córdoba, Huila, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca, donde estos pueblos enfrentan retrocesos en sus derechos a la vida, movilidad, territorio y gobierno propio.

Un problema central es la falta de consulta previa, libre e informada en programas y proyectos de implementación del Acuerdo de Paz. Esto significa que se toman decisiones que afectan directamente a estas comunidades sin preguntarles su opinión ni respetar sus formas tradicionales de gobierno.

El Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano dice que el alto incumplimiento se debe a que el conflicto armado y la crisis humanitaria siguen golpeando duramente a los pueblos étnicos. Sin embargo, hay señales positivas: el nuevo gobierno nombró defensores de derechos étnicos en cargos oficiales y Estados Unidos decidió acompañar la implementación del capítulo étnico.

Cifra alarmante: El 65% de la población desplazada y el 70% de las personas confinadas en 2022 son indígenas y afrodescendientes, mostrando el impacto desproporcionado de la violencia.

Violencia territorial y crisis humanitaria

La violencia territorial en Colombia alcanzó niveles preocupantes en 2022. La ONU verificó 92 masacres con 321 víctimas: 270 hombres, 30 mujeres, 14 niños y 7 niñas. Los departamentos más golpeados fueron Antioquia, Cauca, Nariño y Valle del Cauca.

Un dato que duele especialmente: el 27% de las víctimas eran jóvenes entre 18 y 28 años. En Tumaco, 3 miembros del pueblo awá fueron asesinados cuando se reunían para planear acciones contra el cultivo de coca en su territorio.

El desplazamiento forzado empeoró dramáticamente: 82,862 personas fueron desplazadas y 102,395 quedaron confinadas (sin poder moverse libremente de sus territorios). Esto representa un aumento comparado con 2021, cuando fueron desplazadas 73,974 personas.

Los excombatientes de las FARC siguen en grave peligro: 50 fueron asesinados en 2022, elevando a 355 el total desde la firma del Acuerdo de Paz. Esto muestra que quienes entregaron las armas para construir paz siguen siendo perseguidos.

Realidad dolorosa: Los grupos armados usan la violencia de género como forma de control territorial, incluyendo esclavitud sexual, uniones tempranas y violaciones como represalias.

Reclutamiento de menores y violencia contra la niñez

Una de las violaciones más graves a los derechos humanos es el reclutamiento de menores. En 2022, la ONU conoció 115 casos de niños, niñas y adolescentes reclutados por grupos armados: 74 niños, 37 niñas y 4 sin información sobre sexo.

Las cifras son desgarradoras: 20 de estos menores fueron asesinados (11 niñas y 9 niños) y 12 niñas sufrieron violencia sexual. Pero la ONU advierte que existe un alto subregistro, lo que significa que los casos reales son muchos más.

La vulnerabilidad de la niñez aumenta por varios factores: falta de alimentación y nivel de vida adecuado, desprotección frente a la violencia de género, y pérdida cultural de los pueblos étnicos por el impacto del conflicto.

Un problema grave es que la mayoría de casos se detectan después de que pasa la tragedia: cuando recuperan, mueren o se escapan los menores, no cuando son reclutados. Los estereotipos de género hacen que el reclutamiento de niñas, especialmente con fines de explotación sexual, ni siquiera se reconozca como violación de derechos.

Los pueblos indígenas y afrodescendientes enfrentan violencia que incluye el desconocimiento de sus autoridades, desplazamiento y despojo territorial. Esto afecta su supervivencia física y cultural, ya que son forzados a vincularse a economías ilícitas y abandonar prácticas ancestrales.

Obligación internacional: Los grupos armados no pueden, bajo ninguna circunstancia, reclutar menores de 18 años, y el Estado debe tomar todas las medidas para impedirlo.

Fuerza Pública y violaciones de derechos humanos

Las Fuerzas Militares y la Policía también enfrentan serios cuestionamientos por violaciones de derechos humanos. La ONU recibió 71 alegaciones de privaciones arbitrarias de la vida cometidas por integrantes de estas instituciones en 19 departamentos.

El Ministerio de Defensa consideró que en 41 casos no hubo violación porque se respetaron las normas internacionales, pero reconoció que tomó acción en 30 alegaciones donde sí pudo haberse violado el derecho a la vida, incluyendo acciones penales y disciplinarias.

Casos como los de Alto Remanso en Putumayo (donde murieron 11 personas en una acción del Ejército) y Chocho en Sucre (donde la Policía mató arbitrariamente a 3 jóvenes) muestran la urgencia de reformar las doctrinas militar y policial.

La tortura y violencia sexual bajo custodia policial también preocupan. En la estación de Policía de Chambacú en Cartagena, 11 personas detenidas habrían sido víctimas de graves actos de violencia sexual por parte de otros detenidos, sin que la policía lo impidiera.

En Bolívar, integrantes de las Fuerzas Armadas perpetraron actos de violencia de género y uniones forzadas con niñas y adolescentes, aprovechándose de su vulnerabilidad socioeconómica.

Cambio necesario: El ACNUDH saluda la adopción del concepto de seguridad humana, que amplía la noción de seguridad más allá de lo militar hacia la protección integral de las personas.