Conflicto Armado y Procesos de Paz en Colombia (1928-2016)

La frase del ensayista William Ospina "La vieja Colombia murió el 9 de abril de 1948, la nueva no ha nacido todavía" resume perfectamente el limbo histórico que ha vivido nuestro país. El siglo XX colombiano presenta una serie de conflictos no resueltos donde los esfuerzos de pacificación muchas veces sentaron las bases para nuevas confrontaciones.

La historia de nuestro país ha oscilado entre niveles altos y bajos de violencia, siempre relacionados con las motivaciones detrás de las acciones bélicas. El siglo XX comenzó con la Guerra de los Mil Días y continuó encadenando confrontaciones que desembocaron en el conflicto que conocemos hoy.

¡Ponte a pensar! Colombia no es un país inherentemente violento, aunque esta idea se ha instalado en el imaginario colectivo. Esta percepción merece una reflexión profunda sobre la naturaleza del conflicto y cómo se ha tejido en nuestra memoria la idea de una guerra sin solución posible.

La historia del conflicto muestra patrones recurrentes: el problema de la tierra, la exclusión política, la debilidad institucional y la polarización. Entender estos patrones es clave para comprender tanto el pasado como el presente de nuestro conflicto.

De las Autodefensas Campesinas a las Guerrillas Liberales

El conflicto armado en Colombia tiene sus raíces en el surgimiento de grupos de autodefensas campesinas que comenzaron a formarse hacia 1928. Estas primeras expresiones de resistencia armada nacieron como respuesta a conflictos por la tierra y problemas sociales no resueltos.

La Masacre de las Bananeras de diciembre de 1928 marcó un punto de inflexión cuando trabajadores sindicalizados de la United Fruit Company fueron asesinados por el Ejército colombiano siguiendo órdenes del gobierno. Este hecho dio origen a los "pájaros" (campesinos conservadores) y "cachiporros" (campesinos liberales), primeros grupos armados organizados según su filiación política.

Durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo (1934-1938) se intentó modernizar el uso de la tierra, pero esto generó resistencias. La violencia entre los grupos de autodefensas se intensificó, especialmente con el apoyo de la Iglesia católica a los conservadores, convirtiendo estos grupos en brazos armados ilegales de los partidos políticos.

¡Importante! La lealtad partidista de los campesinos y la escalada de agresiones entre liberales y conservadores crearon las condiciones para un escenario de guerra que produjo las primeras masacres campesinas, desplazamiento forzado y migración de población civil entre 1935-1945.

El asesinato de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948, quien representaba la posibilidad de acabar con el conflicto entre autodefensas campesinas, dio inicio al período conocido como La Violencia (1948-1962) y marcó profundamente el rumbo del país.

De las Guerrillas Liberales al Frente Nacional

La mitad del siglo XX reflejaba la división del país: la mitad de los muertos eran liberales, la otra mitad conservadores. En las zonas rurales donde se libraban estas batallas, la mitad de la población participaba directamente mientras la otra mitad se resguardaba o se desplazaba a las ciudades, dejando un saldo aproximado de 200,000 muertos.

Bajo la presidencia de Laureano Gómez (1950-1954), la represión contra liberales y comunistas se intensificó. Los "chulavitas", grupos conservadores organizados con apoyo militar, operaron con violencia sobre las masas liberales. Mientras tanto, en los Llanos Orientales crecía el movimiento revolucionario liderado por Guadalupe Salcedo, comandante de las guerrillas liberales.

El gobierno militar del general Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957) marcó el inicio de los procesos de paz en Colombia. Ofreció amnistía a los denominados "bandoleros" con la promesa de garantizar un retorno pacífico a la vida civil. Las guerrillas liberales del Llano, lideradas por Guadalupe Salcedo, se acogieron a la desmovilización en julio de 1953.

No olvides que: Guadalupe Salcedo sería asesinado cuatro años después, en junio de 1957, por agentes de la Policía Nacional en Bogotá, mostrando las dificultades para garantizar la seguridad de los desmovilizados.

El Frente Nacional (1958-1974), un acuerdo entre liberales y conservadores para alternarse en el poder, fue la "solución" institucional al conflicto. Sin embargo, más que resolver los problemas, este pacto entre élites mostró el reducido alcance democrático y perpetuó la exclusión política que alimentaría nuevas formas de insurgencia.

Del Frente Nacional a las Guerrillas de Primera y Segunda Generación

El acuerdo bipartidista del Frente Nacional resultó contradictorio y funcionó como una cortina de humo que, irónicamente, propició la formación del movimiento guerrillero. Los 16 años que duró este pacto (1958-1974) sembraron las condiciones para un conflicto que duraría las siguientes cinco décadas.

Las primeras guerrillas (FARC, ELN y EPL) no nacieron de la nada, sino que fueron el resultado de una metamorfosis de las autodefensas campesinas liberales y comunistas creadas desde 1930. El carácter excluyente del régimen bipartidista, la influencia de la Revolución Cubana (1959), la represión militar y el surgimiento de movimientos obreros y campesinos orientaron el paso de la rebelión simbólica a la lucha armada.

La injerencia estadounidense, lejos de contener la insurgencia, favoreció la movilización subversiva. Colombia fue punta de lanza para la política anticomunista de EE.UU., que implementó programas de entrenamiento militar y organismos de inteligencia antisubversiva.

¡Conecta ideas! La violencia bipartidista, la exclusión política y la represión estatal no solo no resolvieron los problemas sociales, sino que transformaron las autodefensas campesinas en organizaciones guerrilleras estructuradas con objetivos políticos y militares definidos.

Las guerrillas de segunda generación $M-19, MAQL, PRT, entre otras$ surgieron en los años 70, caracterizándose por sumar el apoyo de minorías y movimientos sociales como estudiantes, trabajadores, indígenas y campesinos, buscando mayor participación política y democrática que la que ofrecía el sistema vigente.

Desmovilización de las Guerrillas de Segunda Generación: La Nueva Constitución Abre el Camino

El gobierno de César Gaviria Trujillo (1990-1994) logró negociar y realizar acuerdos de paz con varias guerrillas de segunda generación. La Asamblea Nacional Constituyente permitió la participación de representantes de grupos guerrilleros desmovilizados, quienes apostaron por entregar las armas a cambio de una nueva constitución.

La Constitución de 1991 fue recibida como un nuevo pacto institucional que establecía nuevas "reglas de juego". Entre sus innovaciones estaban una carta de derechos, instrumentos como la tutela para garantizarlos, y el reconocimiento de Colombia como un país multicultural, además de mecanismos para ampliar la participación democrática.

Los acuerdos de paz fueron negociados en forma independiente con cada grupo guerrillero $M-19, PRT, EPL, MAQL, CRS, Milicias Populares de Medellín y FFG$, bajo la promesa de transformación política y beneficios económicos, sociales y jurídicos.

Dato importante: De más de 35,000 desmovilizados en este período, apenas 1,733 lograron vincularse laboralmente, lo que contribuyó al incremento de violencia urbana y al rearme de excombatientes, dando lugar a nuevos fenómenos criminales.

La reforma política, aunque significativa, no logró transformar las condiciones estructurales que originaron el conflicto. En lugar de instituir un nuevo contrato social, su mayor contribución fue ablandar reclamos sociales, pacificar parte del país y disminuir el movimiento insurgente, mientras dejaba intactos problemas fundamentales que seguirían alimentando la violencia.

Inicio de la Política Pública de Desmovilización: Gobiernos Betancourt y Barco

El gobierno de Belisario Betancourt (1982-1986) marca el inicio de los procesos de negociación política con grupos guerrilleros. A diferencia de gobiernos anteriores, Betancourt buscó una salida negociada al conflicto armado, reconociendo las causas objetivas (pobreza, exclusión) y subjetivas (efectos psicosociales) que nutrían la inconformidad social.

Su política se estructuró en tres componentes: amnistía amplia para delitos políticos, la expedición de la Ley 35/1982 para el restablecimiento de la paz, y la promoción de la apertura democrática. Sin embargo, estos esfuerzos encontraron fuerte oposición de sectores tradicionales, especialmente las Fuerzas Militares.

A pesar de la oposición, Betancourt firmó con las FARC el acuerdo de La Uribe, que dio origen al partido político Unión Patriótica (UP). Lamentablemente, el exterminio sistemático de más de 3,500 miembros de la UP, incluidos dos candidatos presidenciales, demostró el fracaso de esta iniciativa de paz.

Para reflexionar: La aparición de grupos paramilitares como el MAS (Muerte a Secuestradores) con apoyo de narcotraficantes y fuerzas militares comenzó a configurar un nuevo actor en el conflicto que complicaría aún más los esfuerzos de paz.

El gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) continuó los esfuerzos de paz creando la Consejería para la Reconciliación, Normalización y Rehabilitación. Su estrategia logró la desmovilización del M-19 en 1990, pero coincidió con la expansión del paramilitarismo y el narcotráfico, que transformarían profundamente la naturaleza del conflicto colombiano.

Entre el Juicio Político y el Caguán: Gobiernos de Samper y Pastrana

Durante el gobierno de Ernesto Samper Pizano (1994-1998), los esfuerzos de paz se vieron afectados por el "Proceso 8000", la investigación judicial contra el presidente por presunta financiación de su campaña con dinero del narcotráfico. Esta crisis de legitimidad generó un estancamiento en los diálogos con las FARC y el ELN.

El único proceso concluido fue con las Milicias Populares de Medellín, que terminó con la creación de las Convivir, cooperativas armadas civiles que posteriormente se transformarían en grupos paramilitares. Esta decisión, apoyada especialmente por el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, tendría graves consecuencias para el conflicto.

La administración de Andrés Pastrana (1998-2002) comenzó con un ambicioso proceso de paz con las FARC, que incluyó la desmilitarización de San Vicente del Caguán y otros cuatro municipios como zona de diálogo. Sin embargo, esta iniciativa terminó en fracaso cuando las FARC utilizaron la zona despejada para fortalecerse militarmente.

¿Sabías que? Durante este período, el papel de la sociedad civil fue fundamental, con más de 10 millones de personas votando por el "Mandato por la Paz" en 1997, mostrando el cansancio de la población con el conflicto armado.

El proceso con el ELN también avanzó hasta el Acuerdo de Río Verde y encuentros en Ginebra y Costa Rica, pero estos esfuerzos se frustraron por incidentes violentos. Al final del gobierno Pastrana, la guerra se había intensificado, complejizado y degradado, mientras la población civil seguía siendo la principal víctima.

De la Desmovilización de las AUC a la Conformación de Bandas Criminales

El fracaso del proceso del Caguán pavimentó el camino para la presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010), cuya propuesta de "seguridad democrática" representaba un despliegue ofensivo contra los grupos guerrilleros hasta lograr su derrota o rendición. Su gobierno marcó una ruptura con la tradición de buscar soluciones negociadas, enfocándose en el tratamiento militar del conflicto.

Durante este período, la política de paz hacia las guerrillas estuvo prácticamente ausente, mientras se promovió activamente la desmovilización de los grupos paramilitares a través de la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz). Entre 2003 y 2006 se desmovilizaron aproximadamente 35,000 personas pertenecientes a las AUC, pero el proceso fue ampliamente criticado por no garantizar justicia para las víctimas.

La extradición de los principales líderes paramilitares a Estados Unidos, las cortas penas para los excombatientes y la celeridad del proceso resultaron en la conformación de nuevos grupos armados conocidos como BACRIM (Bandas Criminales), que continuaron con muchas de las operaciones criminales de las AUC.

Para entender mejor: Las BACRIM (Águilas Negras, Rastrojos, entre otros) heredaron las operaciones de las AUC y mantuvieron su mismo modus operandi, disputándose violentamente el control de rutas del narcotráfico, extorsiones y poder político en diferentes regiones del país.

El gobierno de Uribe logró debilitar militarmente a las FARC, pero a costa de graves violaciones a los derechos humanos, como los "falsos positivos" (ejecuciones extrajudiciales de civiles presentados como guerrilleros muertos en combate) y una polarización política que dividiría profundamente al país.

De Marquetalia a La Habana: Acuerdo de Paz con las FARC. Gobierno de Santos

El gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) marcó un giro en la política de paz al iniciar en 2012 diálogos con las FARC en La Habana, Cuba. Este proceso, a diferencia de intentos anteriores, contó con una agenda temática estructurada: justicia transicional, reforma agraria, participación política y reparación a víctimas.

Tres factores sociopolíticos configuraron las condiciones para este diálogo: el debilitamiento militar y popular de las FARC (con miles de desmovilizados individuales y la muerte de varios comandantes), la promulgación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras que reconoció la existencia del conflicto armado, y el interés económico en explotar recursos naturales en territorios históricamente controlados por la guerrilla.

El proceso de paz culminó con la firma del Acuerdo Final en noviembre de 2016 en Bogotá, tras un plebiscito inicial en el que ganó el "No". El acuerdo estableció mecanismos para la dejación de armas, la reincorporación de excombatientes y un sistema de justicia transicional con la participación de víctimas.

Reflexión final: El conflicto colombiano, más que eventos aislados, representa un entretejido histórico donde lo ideológico, lo territorial, lo económico y lo simbólico se entrelazan. La política de desmovilización ha evolucionado desde el simple sometimiento hacia una comprensión más compleja del fenómeno que reconoce dimensiones políticas y sociales.

La construcción de paz requiere reconocer que tanto quienes ingresaron a grupos armados como quienes decidieron desmovilizarse individualmente son sujetos políticos movidos por imaginarios colectivos. Entender estas subjetividades es fundamental para construir una paz que transforme no solo las estructuras sino también los imaginarios que han perpetuado el conflicto.